Cotizaciones de ruptura para su

Cataluña, la izquierda y el Régimen.

2017.09.15 08:50 Espartaco17 Cataluña, la izquierda y el Régimen.

Antes que nada, lo que más me sorprende de la situación actual es la celeridad y diligencia extrema con que todos los resortes del Estado, al unísono, se han puesto en marcha para asfixiar toda posibilidad de ejecución de la votación catalana.Intervención de los servicios de correo, amenazas de la fiscalía contra medios que publiciten el Referéndum, cierre de páginas web, citaciones masivas de alcaldes con posibilidad de detenciones e inhabilitaciones a mansalva, destripando y anulando buena parte de la Administración municipal y usurpando la voluntad popular;coacciones contra el uso de los fondos públicos presupuestados que pueda favorecer la ejecución del plebiscito, ruido de suspensión de la Autonomía y de la democracia catalana...Me gustaría que consideráramos cuánto de eso, alguna mínima parte de la amplia y poderosa panoplia de medios de acción del Estado, hemos visto en la coacción contra las eléctricas que cortan en masa la luz a familias vulnerables, provocando el riesgo de que pierdan sus vidas, o a los bancos que nos han saqueado, de momento, casi 50.000 millones € sin haber tenido nunca la intención de devolver nada, o garantizar el cumplimiento de sentencias firmes de anulación con la evidente retroactividad de cláusulas suelo que siguen vigentes contra los clientes, en manifiesto desacato e ilegalidad que continua con contumacia el robo y la negación a devolver lo ya robado.
Así que tenemos un Estado secuestrado por una oligarquía mafiosa y corrupta que sólo pone en marcha sus recursos, para los objetivos limitados de protección de privilegios de los amiguitos y bribones de altos vuelos, mientras las redes básicas de protección ciudadana y justicia distributiva son desmanteladas y agredidas sin cesar.Decía Bertold Brecht que hay muchas maneras de cometer homicidios, pero en el capitalismo sólo algunas están prohibidas.Así si un gerente hospitalario establece retribuciones de médicos en función de los ahorros en medicinas necesarias para la salud de los pacientes,y, en consecuencia,suben los índices de morbilidad y mortalidad, esos homicidios no serán perseguidos, y sus responsables, por el contrario, serán promocionados en una carrera ascendente hacia más cuotas de poder para recortar y matar.El Estado que persigue ciertas ilegalidades pero protege e incentiva otras, mucho más dañinas y peligrosas para la salud pública, carece de toda legitimidad y auctoritas para erigirse en defensor de la patria, frente a los que amenazan su unidad.La mafia que usurpa las instituciones sólo quiere la unidad territorial porque así preserva el cortijo que quiere seguir saqueando a placer, contra nosotros y nuestras vidas, tomándonos por tontos y escupiéndonos de continuo a la cara.Y encima los que más gritan contra el separatismo catalán son los ujieres más sumisos del Protectorado alemán que sufrimos y dirige todo el austericidio y las locas reglas de equilibrio presupuestario.Pero si vamos al detalle, veremos que los Ayuntamientos del cambio han sabido reducir enérgicamente la deuda, sin sacrificar gasto social ni inversión útil , y sin emplear ninguna fórmula mágica.Con sólo dejar de robar ya se mejoró sustancialmente la gestión.El endeudamiento masivo no se originó en satisfacer los caprichitos de un pueblo disoluto y frívolo, con la falsa conciencia del nuevo rico, sino en adjudicaciones de obras públicas a empresas de bribones con inflación espuria de costes,permitida por los cargos públicos merced al cobro de comisiones ilegales y sobornos.
En resumen, que no debe haber ningún cierre de filas en torno a un Gobierno que no tiene autoridad ni credibilidad ninguna para ejercer de defensor nuestro, que ha alimentado el conflicto con Cataluña por bajos y falsos motivos tácticos y electoralistas.y que además ya lo está aprovechando para extender el terror de la multa y la cárcel contra toda ideología contraria a sus intereses, destruyendo las libertades civiles más elementales, la difusión libre de ideas, la manifestación y la reunión.Una vez más, el Derecho penal del Enemigo establece una cadena de transmisión de imputaciones , desde un núcleo inicial de ilegalidad cierta, hacia circulos de creciente amplitud de personas físicas y jurídicas , sobre la base de impresiones y analogías arbitrarias subjetivas,que se pueden estirar como chicle y acabar afectando a cualquiera.Ejemplo, se declara ilegal un referéndum, y con buenas razones, pero se pierden en cuanto se estira y abusa de la analogía para confundir la organización ejecutiva de la votación, desde los cargos públicos institucionales y el funcionariado relevante, con meras reuniones civiles donde se va a debatir o defender la razonabilidad y justicia de la posibilidad de la secesión.Toda propaganda independentista, en los foros y modalidades en que se difunda ,contribuye a legitimar y extender estos planteamientos, moldeando mentes en el sentido de desear la secesión, pero eso no implica en modo alguno que se ejerciten modos delictivos de realizar ese deseo.Como bien decía Nacho Escolar, vender drogas es un delito ahora, pero hacer discursos públicos para proponer su legalización en modo alguno es parte de ese delito.El PP de nuevo emplea una lógica perversa para extender imputaciones penales hacia territorios neutros , generando terror y amordazando la disidencia política contra el Régimen que quieren preservar a toda costa, para evitar la cárcel y el justo castigo a sus desmanes.
Ahora bien , todo lo dicho no impide que debamos aclarar que el proyecto nacionalista y separatista, no puede ser el nuestro, ni tampoco es afín a él, como no dejan de repetir los encantadores Rufián y Tardá, habilísimos en el negocio de seducir a una izquierda española pánfila e ingenua.Cualquier principio socialista de solidaridad ha de combatir por igual la desigualdad entre clases como los privilegios de territorio.La Liga norte en Italia, que cualquiera reconoce allí como derecha reaccionaria extrema, aliada del neofascismo y racista, plantea la insumisión fiscal de las regiones ricas e industriales del Norte, contra la Roma ladra que confisca su riqueza legítima para subvencionar a los vagos e ineptos del Sur, a costa de su exitoso y esforzado emprendimiento, deprimiendo los incentivos a la productividad, y extendiendo el parasitismo, la decadencia y el estancamiento.Lo siento mucho, pero el programa económico de los catalanistas es idéntico al de los norteños de italia, aunque quizás muchos no sean conscientes de ello, y no reflexionen en serio sobre las inevitables consecuencias de lo que buscan.
Hay un estricto paralelismo entre la progresividad fiscal en los impuestos personales como el IRPF, y la progresividad en los sistemas que reparten las cargas y beneficios en la financiación de los territorios.Pedimos que los ricos paguen más y en mayor proporción para asegurar la equidad del esfuerzo fiscal; de modo similar debemos pedir que las regiones aporten a la Hacienda Central, para sostener el equilibrio territorial, en función de su renta per cápita, tanto más cuanto mayor sea y en mayor proporción.Las balanzas fiscales per se no significan nada, ni implican injusticia ipso facto en cuanto son negativas.Veamos el caso de los ricos y tramos superiores del IRPF, sus balanzas fiscales con el Estado son muy negativas, aportan mucho más que lo que reciben, sobre todo porque no usan los servicios públicos porque no los necesitan y pueden comprarlo todo a su gusto en el mercado, con la máxima comodidad y sin tener que someterse al racionamiento inevitable en la atención pública.¿Acaso aguien justificaría la rebelión fiscal de los libertarianos que se niegan a pagar ningún impuesto porque no hay una equivalencia estricta entre lo que doy y lo que recibo?pero eso es ignorar la naturaleza de la obligación tributaria, no es la justicia conmutativa de las transacciones privadas bilaterales, doy para que me des, intercambio mercantil puro que busca que ambas partes obtengan una ganancia igual.La función de los tributos es garantizar la cohesión material del grupo social de referencia.Nadie es una isla en sí mismo, el hombre desarrolla sus potencias sólo incardinado en un grupo, solitario no produce ninguna riqueza, esta surge del trabajo masivo cooperativo vinculado tecnológicamente.El intelecto general cooperante es un todo que suma más que sus partes, no hay criterios objetivos que permitan desagregar el producto social total en partes alícuotas imputables al esfuerzo de unidades aisladas y separadas, ya sean empresas, o personas físicas.Lo que genera realmente la riqueza es la interacción múltiple, difusa, a distintos niveles, de todas las unidades.La composición material de las sociedades modernas es la interdependencia de todos con todos, en una tupida red de externalidades, es decir, fenómenos en que algunos resultan afectados, para bien o para mal, por las decisiones de otros que no les han tenido en cuenta.El derecho a decidir no es más que la gestión impuesta por las interdependencias íntimas de una radicalización progresiva de la división del trabajo,lo que llamaba Marx socialización creciente de las fuerzas productivas, que promovía la revolución política y social, al entrar en contradicción con el caracter privado de la apropiación y distribución de la riqueza productiva entre clases y territorios.
Así que todos dependemos de todos, todos influimos en todos, luego todos tenemos derecho a participar en todas las decisiones, porque todas nos afectan.Esto explica la creciente importancia de la Democracia, es decir, la periódica regulación política de la sociedad por elecciones generales, en las que la gobernanza de los asuntos comunes incluye a todos los concernidos por ellas.Parte esencial de esa gobernanza es la legislación fiscal que fija los recursos que el Estado toma de las unidades productivas de todos los niveles, para garantizar la recurrencia de esa infraestructura física y social personal colectiva que sostiene a ese intelecto general cooperante en tanto principal fuerza productiva de la economía del conocimiento, cuyo producto no son tanto cosas como los sujetos mismos capaces de producirlas.Esta fuerza está hecha sobre todo de habilidades comunicacionales y lingüísticas, emocional-empáticas, gestoras de relaciones y cuidados.Luego los impuestos no confiscan nada que sea verdadera propiedad privativa de familias, individuos o empresas, sino que sólo retornan a su origen los productos que permiten reconstruir y reproducir de continuo el background omnipresente de saberes prácticos y habilidades, que el fondo común desde donde surge cualquier productividad particular, en empresas o individuos.De paso, puede apreciarse que la justificación última de la renta básica universal es del mismo tipo, regenerar y reproducir las condiciones vitales del intelecto general cooperante en que todos participamos, de un modo u otro, sólo por influirnos y construirnos recíprocamente en todo tráfico social, aunque no sea formal y directamente productivo, pero siendo la condición fundamental para que cualquier producción concreta sea posible.
Del mismo modo que sería un disparate tanto económico como moral la insumisión fiscal de los ricos alegando el incumplimiento del "do ut des", doy para que me des, principio del intercambio comercial(entre sujetos ya constituidos con apetencias y escalas de preferencia, mientras que la obligación tributaria es la de regenerar las condiciones mismas colectivas de posibilidad de constitución de cualesquiera sujetos particulares), otro tanto cabe decir de las regiones más ricas de un país, que esgrimiendo las balanzas fiscales negativas con el Estado, clamaran estar sufriendo un robo, y se negaran a más aportaciones al Estado por el método expeditivo de crear un estado nuevo y exclusivo suyo.
lo primero, que un sistema territorial de financiación debe servir no a la justicia conmutativa de intercambios comerciales equivalentes, sino a la solidaridad que anuda el sustrato material de todo pueblo o nación política como sujeto moldeado y configurado en la historia, y, por tanto, carente de toda eternidad espiritual metafísica. Es decir, que los pueblos también nacen, se desarrollan y mueren.
En un Estado Federal, cada nivel de integración, municipal, regional estatal,no sólo asume las funciones y financiación necesarias para sostener su nivel de competencias, y prestación de servicios, sino que en el caso de la Hacienda Central, ha de disponer de potestad normativa y recaudadora autónoma,con una finalidad especial y trascendental que debe ser respetada por las entidades federadas, si es que quieren a su vez preservar su autonomía y su alcance competencial.Los recursos que ha de acopiar la Hacienda central deben incluir todo lo necesario para garantizar la solidaridad territorial, es decir, que la extensión y calidad de los servicios públicos que sustancien un núcleo de Derechos Fundamentales definitorios de la Ciudadanía del Estado de referencia(y no un abstracto Hombre en general sin atributos positivos históricos), sea la misma en todas partes, y nadie sufra discriminación alguna por razones de nacimiento.Por encima de las contingencias históricas de la renta per cápita de las distintas regiones, debemos defender los valores igualitarios que aseguren la misma educación, sanidad y cuidados para todos, y por tanto establecer transferencias fiscales de la regiones ricas a las pobres, sin que quepa hablar de ningún modo de robo, como tampoco es un robo que los ricos paguen los impuestos correspondientes.EL criterio clásico de reparto socialista, en la cumbre del progreso humano, es exigir a cada cual según sus capacidades, pero dar a cada cual según sus necesidades.La financiación autonómica justa es la que traduce esta regla:cada región debe aportar en función de su renta per cápita y recibir en función de sus deficiencias en los servicios públicos: con más necesidades, más retraso escolar , más envejecimiento de la población, más necesidades de cuidados,más desempleo, peor cualificación laboral, entonces más fondos públicos para intervenir eficazmente en todas esa áreas, según el principio que niega tanto los privilegios de clase como los de territorio.No hay almas de oro, de plata ni de bronce, con una excelencia ingénita que amerite un reparto desigual y jerárquico de las oportunidades de vida.Los ricos no son superiores, ni tampoco los catalanes son más industriosos que los vagos andaluces, y, por tanto, tienen derecho a quedarse con lo suyo, producto de su esfuerzo, y que no se lo confisque el Estado para subvencionar a jetas y tarados.Pero lo suyo sería lo obtenido si estuvieran aislados en un fanal sin necesidad de nada más, pero eso es pura ficción, todo lo que hacen ,lo pueden hacer por la cooperación con gentes de todos los demás territorios.
El intelecto general cooperante, fuente última de todo lo que producimos en el conjunto del Estado genera la riqueza colectiva, nuestro patrimonio acumulado a través de generaciones; lo que producimos entre todos nos pertenece a todos,La riqueza ubicada fisicamente en Cataluña, como territorio con límites precisos, es de génesis mucho más difusa, debido ala división social del trabajo y las tupidas externalidades. Para poder un catalán producir algo en su región, deben ocurrir muchas transacciones directas e indirectas que trascienden los límites de ese territorio.Para empezar sin una demanda agregada solvente en los mercados españoles, no habría incentivo para la producción catalana, que se exporta a esos mercados.Si los extremeños o los andaluces o los murcianos no les comprasen, su economía se derrumbaría.Las balanzas fiscales per se no significan nada, si son consecuencia de un sistema de reparto justo, también serán justas, y la existencia de regiones con superavit fiscal y otras con déficit sólo traducirían los flujos de transferencias necesarios para que la demanda nacional interna absorba las exportaciones regionales.El déficit fiscal catalán se compensa con el superávit comercial , vende a España más de lo que compra, o sea que sus transferencias fiscales son precisamente el modo útil para sostener una demanda agregada española capaz de absorber sus productos. Pero esta situación no sólo beneficia ala economía catalana en tanto dotada de identidad diferenciada , sino que la solidaridad fiscal es la expresión política de un dato ontológico de fondo: que nuestras fuerzas productivas sociales forman un entramado muy entreverado de interacciones moldeadas en siglos,cuya unidad cristalizada requiere la reproducción a partir de los recursos obtenidos por el Centro estatal con una perspectiva equilibrada, sinóptica y totalizadora.
Los porcentajes de apoyo al separatismo nunca habían pasado del 20% en Cataluña, la crisis global lo ha cambiado todo.Primero el Estado se ha quedado con las vergüenzas al aire, con la endeblez de un modelo económico desastroso basado en crédito especulativo externo, los dos partidos dinásticos entrampados en corrupción y en el escándalo de las Cajas y el rescate bancario general que nos está arruinado cada año camino de los trescientos mil millones de euros y un adeuda externa de más de un billón de euros, máximo histórico nuestro y mundial.A mí no me extraña nada que muchos no nacionalistas se hayan cansado de esperar la regeneración de una España agónica y se hayan pasado al proyecto separatista como una resignada y triste apuesta de supervivencia personal, sin que haya que acusarlos de especialmente reaccionarios, insolidarios y egoístas.Pero otro estrato de apoyo a la secesión sí que me parece intercambiable con los peores sectores de la Liga Norte italiana, una derecha xenófoba que desprecia a gran parte de los compatriotas más pobres.Supongo que la profunda derecha rural de Convergencia se ajustará a ese patrón.Pero ni la CUP ni ERC defienden a mi juicio valores congruentes con la tradición socialista, hostil siempre ala fragmentación territorial y las reivindicaciones sectarias y localistas que enfrentan alos trabajadores.por ejemplo, si un andaluz recibe en políticas activas de empleo o en gasto público social per cápita ,la mitad de un vasco o un navarro, o si la ruptura de la Caja única de la Seguridad Social, al privarnos al resto de españoles del aporte de las cotizaciones catalanas, mayores por la contingencia histórica de una mayor concentración industrial, con mejores sueldos y trabajos estables(pero una industria no exenta y solitaria, sino dependiente de la demanda agregada del resto del país), nos obligara a bajar nuestras pensiones ya misérrimas a la mitad, por ejemplo, pasar de la pobreza de 600€ a la extrema miseria de 300€,(mientras que las pensiones catalanas podrían quedar mejor, aunque no es seguro, todo depende de la concreta distribución territorial de cotizaciones y de cómo la cancelación de ciertos flujos de salida podría compensarse con la de otros flujos de entrada)pues no veo yo que puñetero frente común podrían establecer trabajadores con tales desigualdades e inevitables envidias y resentimientos.El enemigo neoliberal podría seguir privatizando y deshuesando el Estado ala búsqueda de negocio, sin ninguna oposición seria.En esta Plaza alguien ha llegado a preguntarse por qué no dejamos a los catalanes en paz, para que busquen libremente su destino al sol, y que no perdemos nada si se separasen.Esta es la actitud ingenua e inconsciente que lleva a la izquierda a la insignificancia, porque la amputacion de diez millones de habitantes, una gran parte del territorio, y lo más granado de la industria y de las empresas tecnológicas y de alto valor añadido, amén de las cotizaciones de la Seguridad Social correspondientes, simplemente dejaría a nuestra Hacienda desangrada, nuestras pensiones destruidas y una incapacidad muy agravada de poder financiar cualquier plan viable de reindustrialización, en el cepo del euro y con el austericidio y el protectorado alemán intacto.Nuestras pensiones no sólo las amenaza el lobby bancario y el desplome de los salarios, la amputación territorial les daría la puntilla final, y es una irresponsabilidad loca tomarse alegremente todos estos asuntos, y enterrarlos en una retórica grandilocuente y hueca.No exagero nada, hace unos años ciertos cálculos sobre las pensiones vascas establecieron que sin Caja única de la Seguridad Social que mancomunase las cotizaciones de todos los territorios para pagar todas las pensiones, en todas partes,las cotizaciones de origen vasco, por sí solas, sólo podrían financiar la mitad de las pensiones entonces vigentes.Y véase que hablamos de la región con economía más sólida, con mayor industria y menor paro y mejores y más estables salarios.No quiero imaginar que pasaría con las pensiones de territorios con peores indicadores.
Tampoco me pasa desapercibido un tercer tipo de apoyo al separatismo, aparte de los nacionalistas ideológicos puros, y los oportunistas más o menos egoístas.Se trata de una izquierda que suspira por el fin del Régimen, muy ideologizada y con alto sentido de la autoestima moral e histórica, ansiosa del retorno republicano, y que desprecia a su propio pueblo por celebrar los partidos de la selección de fútbol y reconocerse simbólicamente en el engendro franquista-monárquico de la bandera actual.Por eso consideran de lo más normal ofender al pueblo de la gente sencilla, sin alambiques ideológicos, que simplemente usa la bandera para celebrar de modo directo y sin complicaciones ,una condición de pertenencia común, que conforte en los tempos duros de la atomización fanática liberal.Estos republicanos se olvidan de lo más importante para una República, un pueblo portador de las virtudes adecuadas para su funcionamiento, el amor a la igualdad de trato y la frugalidad de las costumbres, y dispuesto a defender sus instituciones con su vida, en el trance delas agresiones externas o internas.No son los ideólogos elitistas los que paren la historia, sino las masas inflamadas por los mejores valores, y tan extraordinarias circunstancias no llegan con profetas malhumorados censurando y sermoneando por doquier, embriagados y embrutecidos por ideales histriónicos que sólo son artilugios narcisistas de autoadoración.
Algunos se sienten tan impotentes para provocar una crisis de nuestro Régimen con nuestras propias fuerzas que esperan el deus ex machina de la revuelta catalana para que nos hagan el trabajo que no hemos podido.Pero no estoy de acuerdo, la libertad tenemos que conquistarla nosotros, no nos la regalarán nacionalistas simpáticos ni nadie.Y en cuanto al fetiche de la palabra "república", decir que esa forma de gobierno no garantiza nada, la mayoría de los países son repúblicas, y proliferan por doquier las tiranías más repulsivas, amén de la República Imperial.Si no se cualifica por contenidos de políticas públicas precisas, esa etiqueta me parece inútil.En cuanto al destino de una República eventual catalana, no lo tendrían fácil, más allá de la embriaguez de las celebraciones iniciales. Un país pequeño en un marco dominado por la OTAN, los libres flujos especulativos de capital, el austericidio, el BCE y la hegemonía alemana en el cepo asfixiante del euro.Eso en el caso de que les dejaran ingresar automáticamente en la eurozona. Pero si los echasen incluso de la UE, con un largo proceso de ingreso por delante, y con una brutal crisis inflacionista y devaluatoria por el tránsito a una moneda nueva nacional, con respaldo en una economía vulnerable y débil, quizás las tensiones sociales internas se harían insoportables y destruirían el sistema político, o quizás estar libres del cepo del euro, sería un factor que compensaría todos los demás hacia una rápida senda de crecimiento.El ahorro de impuestos que ya no irían ala Hacienda española podría ser neutralizado por el fin de la entrada de cotizaciones para financiar las pensiones o la pérdida de ingresos por la caída de exportaciones a mercados españoles , vueltos extranjeros de súbito .A priori es difícil saber el efecto neto de los distintos cambios en flujos de entrada y salida, así como el nuevo juego de relaciones exteriores y el aprovechamiento de las distintas potencias.En cuanto al impacto de la secesión en la España disminuida, soy muy pesimista, de lejos seríamos los más perjudicados, seguiríamos atrapados en el euro, con una merma impresionante de población, territorio, empresas y base fiscal,amén de que el inevitable cambio del Régimen por probable colapso, no garantizaría que lo nuevo no fuese aún peor.Por ejemplo una República con Aguirre o Aznar de jefe de Estado ,con una extrema derecha triunfante con su xenofobia y homofobia en auge, y una dictadura mordaza aterrorizando y apalizando por doquier a grupos escuálidos de disidentes mientras Cáritas haría lo posible por repartir sopas entre batallones de homeless famélicos, y con presiones policiales continuas para discriminar a extranjeros peligroso y de poco fiar-
resumiendo el PP va camino de convertirse en el peor, más corrupto e incompetente Gobierno de nuestra historia, para blanquear sus inmundicias ha envenenado el conflicto catalán hasta un punto de no retorno;los destrozos institucionales y escándalos continuos han destruido la Auctoritas del Estado ante una capa amplia de la ciudadanía, y ahora todos los reclamos patrióticos suenan a falsos y a engañifas; podemos no debe apoyar el separatismo catalán como si fuera un proyecto propio, es incompatible con nuestros objetivos básicos de igualdad de derechos reforzada para todos los españoles;sin embargo, no debemos apoyar los métodos autoritarios extremos que el PP quiere generalizar aprovechando la crisis catalana, y remedando los buenos tiempos de las leyes de excepción contra ETA y aliados infinitos e indefinidos, extendibles a gusto del inquisidor y el represor:ahora tendríamos el difuso delito de apología del referéndum, listo para empapelar a Colau, Carmena o cualquier otro dirigente local o nacional de Podemos.
Los límites de la crítica al separatismo son la democracia y los derechos humanos, asumir una España fascista y neofranquista o una guerra civil sería un precio demasiado grande para una unidad nacional convertida en cortijo de los corruptos, antes España rota que facha, invirtiendo el lema fascista de "mejor España roja que rota".La criminalización de las ideologías políticas agravará el separatismo y pudrirá la situación hacia un punto de no retorno.Nuestra posición intermedia me parece la mejor, aunque quizás habría que insistir en nuestras diferencias con los nacionalistas, para evitar las habituales difamaciones de la caverna, por mucho que redoblemos los esfuerzos para integrarlos en una España que nos acoja a todos, y podamos defender con buena conciencia y claridad de pensamiento.Salud.
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2016.07.18 13:30 EDUARDOMOLINA Sueño o pesadilla de una noche de verano. Precariedad, devaluación salarial, imposición de la voluntad empresarial, cuatro años más del Partido Popular; cuatro años más de las políticas que ya conocemos.

http://www.infolibre.es/noticias/luces_rojas/2016/07/04/sueno_pesadilla_una_noche_verano_52045_1121.html
"A 10 días de la celebración de las elecciones generales, todavía no sabemos quién va a gobernar España y, por tanto, cuáles serán las políticas futuras que modelen las vidas de los ciudadanos de nuestro país. De los resultados electorales parece desprenderse una especie de fatalidad que se oye por todos los rincones progresistas: cuatro años más del Partido Popular; cuatro años más de las políticas que ya conocemos. Como en el sueño de una noche de verano, Hermia obligada a casarse con Demetrio.
Pero hubiera podido (¿todavía puede?) ser de otro modo. Como en la hermosa fábula de Shakespeare, Hermia puede romper el destino y casarse con Lisandro. ¿Y nosotros?
España tiene casi 4,8 millones de personas en situación de desempleo y una tasa de paro del 21% (la segunda más alta de la Unión Europea). Hay dos colectivos que han sufrido con especial intensidad los devastadores efectos de la crisis económica y de las políticas puestas en práctica para afrontar la misma. Tenemos, por un lado, casi 1,3 millones de menores de 30 años en situación de desempleo y la segunda tasa de desempleo juvenil (45,3%) más alta de toda la Unión Europea (sólo nos supera Grecia). Por otro lado está el colectivo de los desempleados mayores de 50 años, más de 1,1 millones de personas en las que casi nadie repara en el debate público. Completan esta radiografía del paro los casi 2,5 millones de mujeres en situación de desempleo, las más de 2 millones de personas que llevan dos o más años en dicha situación y los más de 719.000 hogares en que no se percibe ninguna renta.
Las políticas del Partido Popular respecto de las personas en situación de desempleo ya las conocemos. Recortes de las inversiones en políticas activas de empleo; recortes de las inversiones en protección por desempleo y drástico descenso del número de personas con protección; fracaso en la puesta en marcha del Plan de Garantía Juvenil para afrontar el paro de los menores de 30 años; falta de respuesta frente al paro de las personas mayores de 50 años y de las mujeres; fiasco absoluto en la aplicación del Programa Extraordinario de Activación para el Empleo para parados sin ingresos; y extensión del riesgo de pobreza hasta el 22% de la población.
¿De verdad que es éste el destino que queremos? Frente a ello, pueden y deben duplicarse las inversiones en políticas activas que mejoren la formación y, en general, las oportunidades de encontrar un nuevo empleo; hacer planes de choque específicos que reparen la situación de bloqueo de los jóvenes sin trabajo y sin titulación de ESO; poner en marcha "empleos de transición" para devolver a los parados de larga duración la oportunidad de trabajar; afrontar con políticas de igualdad la brecha entre mujeres y hombres en el acceso y permanencia en el empleo; elaborar una estrategia para el empleo de las personas de más edad y recuperar el subsidio por desempleo para mayores de 52 años; e inyectar una renta mínima en todos los hogares que carecen de ella. Todo esto no es el sueño de una noche de verano. Es perfectamente factible. Basta con querer romper el destino que parece aguardarnos.
Contamos, de otra parte, con casi 15 millones de asalariados, pero se ha incrustado un modelo de relaciones laborales que tiene la precariedad y los bajos salarios como señas de identidad. Uno de cada cuatro trabajadores de nuestro país tiene un contrato temporal. Nuestra tasa de temporalidad es del 25%, la segunda más alta de toda la Unión Europea (sólo está por encima de nosotros Polonia), y justo el doble de la tasa media de temporalidad del 12,4% de los países de la zona euro. Nueve de cada diez contratos de trabajo que se firman en nuestro país son temporales y una gran mayoría de ellos, además, a tiempo parcial. De hecho, desde que gobierna el Partido Popular, se ha incrementado notablemente el número de asalariados con contrato temporal y a tiempo parcial, alcanzando hoy esta doble precariedad la cifra record de más de 1,1 millones de trabajadores. Por otro lado, la duración de los contratos temporales se ha rebajado hasta 53 días de media al año y uno de cada cuatro dura menos de una semana.
A lo anterior se suma una bajada de salarios (coste laboral unitario real) del 5,7% y una cifra de salario mínimo interprofesional de las más bajas de Europa (756 euros/mes, por 12 pagas, frente a 1.457 de Francia, 1.473 de Alemania o 1.501 de Bélgica) . Lo que hace que el 45% de la población asalariada tenga hoy salarios por debajo de dos veces el salario mínimo interprofesional (con un alto 13% de asalariados con salarios por debajo de una vez el salario mínimo interprofesional). Además de estar repuntando la brecha salarial entre mujeres y hombres, haber bajado considerablemente el número de asalariados cubiertos por convenio colectivo y haber ascendido hasta el 15% el número de trabajadores en riesgo de pobreza.
Y la pregunta es ¿estamos condenados a seguir así? Ya conocemos cuál es la ideología de las relaciones laborales del Partido Popular. Precariedad, devaluación salarial, imposición de la voluntad empresarial, caída de la negociación colectiva y descrédito de las organizaciones sindicales y empresariales.
Pero hay otra política laboral posible. Unas relaciones laborales edificadas sobre la base del equilibrio de poder de trabajadores y empresarios, el diálogo y los consensos. Un sistema productivo construido de unos "con" otros y no de unos "contra" otros. Audacia y simplificación en la definición de las modalidades de contratación y justa utilización de la Inspección de Trabajo; subida del salario mínimo interprofesional; recuperación del pulso y la capacidad de distribución primaria de la negociación colectiva; y fortalecimiento y autonomía financiera de las organizaciones de representación de trabajadores y empresarios. Eso y empezar a poner las bases de un nuevo modelo de relaciones laborales que afronte los innumerables retos de la digitalización de la economía sobre las instituciones del Derecho del Trabajo y su impacto sobre las condiciones en que viven y trabajan los asalariados y los autónomos. Tampoco esto es el sueño de una noche de verano. Es un modelo de relaciones laborales moderno, dinámico y perfectamente homologable en términos de productividad y competitividad al existente en los países de nuestro entorno. Basta con romper con la fatalidad que nos invade y ponerle voluntad política para hacerlo realidad.
Finalmente tenemos más de 8,5 millones de pensionistas (y pagamos 9,4 millones de pensiones). Desde que gobierna el PP la subida de las pensiones ha dejado de estar vinculada al mantenimiento del poder adquisitivo y se ha abandonado la política de subida por encima del IPC de las pensiones mínimas, que tanto beneficia a las mujeres, principales perceptoras de las mismas. A cambio, las pensiones han subido un raquítico 3,75%, que no ha llegado siquiera a compensar las consecuencias que para los pensionistas ha tenido el desembolso del copago farmacéutico.
Con todo, lo peor es que apenas llega dinero a la caja de las pensiones. Una política laboral, como la del PP, basada en la precariedad y los bajos salarios, sumada a una política de empleo centrada en la reducción de cotizaciones a los empresarios, tiene su fiel correlato en el empobrecimiento de la recaudación de la Seguridad Social. Los datos del último año (marzo 2015/marzo 2016) son bien elocuentes: el número de cotizantes creció un 2,73% mientras la recaudación lo hacía el 1,94%. Entre enero y marzo de este año las cosas siguen igual, la recaudación por cotizaciones ha crecido un 1,94% en tanto que el gasto en pensiones lo ha hecho en un 3,22%.
Así las cosas existe una excusa perfecta para "asaltar" el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Después de tres años de dura crisis, a la altura de 2011, la hucha de las pensiones tenía 70.000 millones de euros en su haber. Hoy, tras la última "saca" de 8.700 millones de euros, hecha la pasada semana con nocturnidad y falta de transparencia, el Fondo de Reserva está en poco más de 25.000 millones de euros. De seguir con este ritmo, tendrá razón la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) en su pronóstico de alcanzar los cero uros en el Fondo de Reserva en 2017. Pero, sobre todo, tendrán razón quienes temen por la sostenibilidad del sistema y su capacidad para proporcionar, con base en los menguantes ingresos que está teniendo, pensiones dignas a la generación del baby boom que pronto empezará a jubilarse.
Nuevamente la pregunta es si todo tiene que continuar de este modo. Ya conocemos la base ideológica de las reformas de pensiones del Partido Popular. La ruptura de los consensos básicos habidos en el Pacto de Toledo en torno a nuestro sistema de protección social y la reducción de prestaciones hasta ese mínimo que haga poco menos que imprescindible, a fin de percibir una pensión razonable, una entrada de los seguros privados en el sistema de pensiones. Pero esto no tiene por qué ser de esta forma. También cabe recuperar el consenso político y social sobre qué modelo de protección social merecemos como sociedad; garantizar el poder de compra de las pensiones y financiar con impuestos específicos las pensiones del futuro; así como erradicar las diferencias de pensión entre mujeres y hombres que hoy empobrecen a las primeras; y crear instrumentos que permitan a los más jóvenes acceder a una pensión digna dentro del sistema público. No es ningún sueño de una noche de verano. Es una política perfectamente realizable si rompemos el destino que parece aguardarnos.
Hermia y Lisandro huyeron al bosque del amor no correspondido para escapar del destino que les esperaba. ¿Podremos escapar nosotros? Ojalá, porque, en otro caso, el sueño de una noche de verano será solamente una pesadilla."
Luz Rodríguez (Valladolid, 1964) es colaboradora de Luces Rojas, la sección de análisis político de infoLibre. Rodríguez es profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro de la Ejecutiva del PSOE y exsecretaria de Estado de Empleo (2010-2
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2015.01.27 14:57 Santoherrero Al programa económico de Podemos le falta mucho hilo y aguja todavía

Apreciados compañeros de Podemos,
Soy empresario en un sector tecnológico y economista de izquierdas. Veo con buenos ojos que Podemos irrumpa en el panorama político español tanto porque comparto la necesidad de higienizar nuestro sistema político como porque creo que hace falta otra política económica y social (de signo progresista). Sin embargo modestamente opino que todavía falta bastante para que Podemos sea creíble en materia de política económica (me baso en el programa que han elaborado por Vicenç Navarro y J. Torres López accesible desde su dirección de internet). Intentaré explicarme.
Se desprende de la lectura del citado informe que Podemos confía mucho en la capacidad de la economía española de asegurar incrementos sostenibles de la producción y del empleo, fundamentalmente a través de estímulos a la demanda pública y de consumo, como también en basar el cuadre de las cuentas públicas en los resultados de la lucha contra el fraude legalizado (o no) de las grandes fortunas y de las grandes corporaciones. . No hay que olvidar que nuestra economía sufre cuatro males endémicos sobre los cuales no leo en vuestro programa ninguna respuesta seria, cuando cualquier política económica y social que pretenda ser sostenible (y por lo tanto creíble) debe abordarlos en primera prioridad:
• El primero es la tendencia al déficit comercial estructural, lo cual implica que el simple relanzamiento de la demanda a través de un mayor gasto público y de subidas del SMI de los trabajadores, sin más, serían medidas que nos devolverían a situaciones de déficit comercial galopante, por la vía del súbito incremento de las importaciones, además de a un déficit fiscal aún más alto del actual, con el consiguiente aumento de la prima de riesgo de la deuda pública, lo cual realimentaría dicho déficit fiscal haciendo que el experimento fracasase en meses y no años. Recordemos que históricamente y hasta muy recientemente nuestra economía ha venido compensando los sucesivos déficit comerciales con entradas netas de capital en parte especulativas y en parte relacionadas con la inversión directa productiva.
Por lo tanto, si lo que se pretende es fomentar un modelo de crecimiento sostenible (y no transitorio) es fundamental apostar ahora mismo por el fomento de las exportaciones, de la internacionalización de nuestras empresas y por la atracción de inversión extranjera productiva a sectores de la nueva economía (lo cual implica la necesidad de medidas fiscales y financieras, de apoyo explícito a la internacionalización que brillan por su ausencia en vuestro programa).
• El segundo mal endémico es el de la inferior productividad y bajísima densidad y escala empresariales (tenemos pocas empresas por 1000 habitantes y encima son más pequeñas que en el resto de Europa). Este fenómeno está detrás de la inferiores productividad, exportación y de la dificultad del acceso al crédito. Sin atajar el reto del fomento del emprendimiento y del aumento de la escala de nuestras empresas, toda tentativa de mejora duradera del bienestar de los españoles, será pura ilusión, como también toda intención de asemejarnos a Dinamarca, Holanda, Austria o Finlandia, donde existen desde hace años políticas pro innovación, emprendimiento y aumento de escala. Recordemos que las economías de los países nórdicos y centroeuropeos se apoyan en tejidos empresariales muy densos (muchas empresas por 1000 hab.), facilidades para crear empresas y desgravaciones fiscales muy potentes para la inversión productiva. ¡Tengamos además en mente que en dichos países la fiscalidad es alta y progresiva sobre las personas físicas y las actividades contaminantes, pero REDUCIDA sobre las empresas! Eso implica que si Podemos aspira a ser una fuerza progresista de gobierno (duradera y no fugaz) debe defender un modelo de apoyo a la innovación y al emprendimiento basado en redes de incubadoras y aceleradoras de empresas así como de ruptura de la endogamia del sistema universitario español, con el fin de que los recursos públicos y privados colaboren mucho más en proyectos de I+D+i y emprendimiento, lo cual exige cambiar radicalmente los incentivos del personal investigador y de los centros públicos de I+D+i. En Alemania todas las universidades son públicas pero en cambio la gestión no es funcionarial (se financian con el presupuesto pero compiten entre sí y reciben más fondos en función de su "excelencia" en investigación y transferencia de tecnología a la industria). En España debería introducirse un modelo similar en la universidad y exigir a los centros de I+D+i industriales aplicados que sean autosuficientes con el fin de asegurar que realizan proyectos de transferencia de tecnología a las pymes, a cambio de fondos públicos.
Los contratos programa con el estado deberían firmarse en base a resultados y/o materializarse bajo la forma de capital o de deuda subordinada pero no de subvención ad infinitum como es el caso a menudo. Podemos también debe defender una fiscalidad favorable para las nuevas empresas y /o nuevos proyectos de inversión de las empresas establecidas (tal y como hacen los países nórdicos), gravando en cambio las rentas y patrimonios personales que no se reinvierten.
• El tercer mal endémico es el de unas políticas de empleo fundamentalmente pasivas, las cuales dilapidan un altísimo volumen de recursos (del orden de 28.000 millones anuales) en prestaciones de desempleo, sin contribuir ni al reciclaje ni a la reinserción de los parados, permitiendo que se descapitalicen las víctimas del desempleo durante meses y años, hundiendo a millones de personas en la marginalidad. La solución no es la “renta de inserción” (pan para hoy y para mañana creando clases pasivas a perpetuidad, algo que no practica ningún país progresista socialdemócrata y sí practican países populistas como la Argentina de Cristina Fernández) sino una política activa de reciclaje y reinserción a cargo de los mismos recursos que hoy se usan para la prestación de paro (prometiendo mantener dicho nivel de gasto en 28.0000 Mi aunque baje el paro canalizándolo hacia el reciclaje y subvención de la contratación), la cual sí ayudará a las víctimas del paro a ascender en el escalafón social y insertarse en la economía productiva. Recordemos nuevamente que en los países nórdicos del orden del 70% del gasto en políticas de empleo se dirige a la formación y recolocación. Si Podemos pretende ayudar a los parados subiéndoles o alargándoles las prestaciones o con rentas pasivas de “reinserción”, lo único que se conseguirá es contribuir aún más a la degradación de los curriculum de los parados y fomentar la economía sumergida (ya que esta se nutre de falsos parados ofreciéndoles salarios de miseria con el argumento de que ya cobran la prestación). Algunos “pseudo progres” encontrarán inaceptables estas propuestas, pero es lo único que puede ayudar a sacar del agujero o trampa de la miseria en la que se hallan atrapados 5 millones de españoles, ayudándolos a entrar en la economía formal. Desde luego que no tiene nada de progresista que la sociedad pague recursos a un sector por permanecer pasivo sine die mientras tiene que complementar ingresos en la economía informal.
• El cuarto reto, muy relacionado con el anterior, es el de la insuficiencia fiscal del estado. No olvidemos que en los países europeos de la zona euro, el estado recauda vía impuestos un porcentaje sistemáticamente superior al gasto público respecto del caso de España (y no sólo en momentos de crisis), precisamente debido a la ocultación de bases imponibles. Dicha ocultación se efectúa por arriba (grandes patrimonios y beneficios corporativos sifoneados a paraísos fiscales) y también por abajo (25% de economía sumergida).. Eso significa que además de aumentar drásticamente la contratación de inspectores, la lucha contra el fraude deberá centrarse en varios ejes : a) Gravar grandes fortunas que escapan al control del fisco legal o ilegalmente, haciéndolo en el futuro vía imputación de rentas en la sombra (ej. obligar a declarar en la base del IRPF una renta asumida del 2% por cada millón en activos declarados dentro del país o en paraísos fiscales), b) Avanzar en la armonización fiscal con Europa en la lucha contra el fraude legalizado de las grandes corporaciones y c) Mejorar mucho la lucha contra el fraude del IVA en España vía inspección pero también equilibrando tipos (bajando unos y subiendo otros) y e) Realizar por vez primera una lucha frontal contra la economía sumergida (entre el 25-28% del PIB según las estimaciones), sin lo cual, la crisis fiscal del estado será crónica como también la baja calidad del empleo.
Dicho lo anterior, es un mito pensar que se podrá volver a niveles aceptables de gasto social (educación, sanidad y dependencia) sólo con gravar las grandes fortunas y beneficios desviados por las corporaciones a paraísos fiscales, algo que aunque necesario según estimaciones expertas, no permitirá recaudar más de 5.000-8.000 millones adicionales a unos presupuestos consolidados de las AAPP que rondan los 300.000 millones.
Lo anterior significa que la mayor parte de la recaudación futura tendrá que venir de la suma del crecimiento y del afloramiento de la economía sumergida. Para lograr lo último, será a su vez necesario bajar las cargas sociales y luchar contra el fraude en el empleo simultáneamente.
Dicha bajada paulatina y gradual de cotizaciones, no plantea necesariamente un riesgo para la caja de la seguridad social por varios motivos: se ha observado en Europa una elasticidad afloramiento de empleo respecto de la bajada de cuotas superior a 1 (un 1% de bajada de cargas se traduce en un afloramiento de empleo sumergido superior al 1%) a lo cual hay que sumar que la bajada de cargas a las empresas "limpias" que ya están cotizando (al equivaler a una devaluación competitiva) se traduce también en aumentos de las exportaciones y del empleo, superiores a 1 debido a la mejora de competitividad. Además, la mencionada bajada de cargas a corto plazo podrá compensarse (como hicieron varios países europeos incluyendo Dinamarca) vía una mayor recaudación por IVA, sin necesidad de aumentar el tipo medio aunque sí reequilibrando los tipos del IVA. Añádase el reconocimiento por los expertos, de que el pago de pensiones en España (y en toda Europa) exigirá aportaciones presupuestarias crecientes en cualquier caso (debido a la automatización de la producción y servicios y al envejecimiento demográfico).
Leo en cambio con preocupación en el programa de Podemos que pensáis subir las cargas sociales: ¿acaso no veis que eso solo contribuye a empujar a más y más pymes y sus empleos, a la marginalidad.
En el caso probable de que Podemos consiguiera gobernar (ej. en alianza con otras fuerzas progresistas) y que lo hiciera ignorando la importancia de las políticas industriales y empresariales, el riesgo será el de tener que dar marcha atrás después de aprobar costosas medidas que se traducirían en aumentos de los déficit público y exterior y de una huida de capitales (en este sentido vale la pena recordar las medidas del primer gobierno de Mitterrand en Francia y como éstas fueron revertidas poco tiempo después).
Respecto de aumentar el SMI, recomendaría hacerlo con moderación ya que primero debe priorizarse el aumento del empleo (vía exportación y emprendimiento) y el logro de aumentos de la productividad y después toca repartir los dividendos del crecimiento (y no al revés). ¡En economía el orden de los factores sí altera el producto! Si en cambio sucumbís a la tentación de subir mucho el SMI, lo único que conseguiréis es que se contrate menos por la vía formal y más por la vía ilegal. Las empresas no pueden pagar lo que no pueden pagar y menos en los sectores intensivos en mano de obra (ej. calzado, textil, alimentario, turismo, restauración).
No olvidemos que nada deteriora más el coeficiente de Gini (la desigualdad) que el aumento brusco del paro (y por lo tanto, nada mejora más el coeficiente de Gini que disminuir rápidamente el paro) más allá de que poco a poco debemos recuperar la inversión en sanidad, educación y dependencia (conforme aumente la recaudación, repito: gracias sobretodo al crecimiento porque la que nos de la lucha contra el fraude será inicialmente escasa por mucho que nos esmeremos y debamos hacerlo).
En suma si bien compartimos que España debe renegociar con la UE su estrategia de pago de la deuda – mayor flexibilidad - y una mayor laxitud en los criterios de convergencia fiscal - mayor plazo para equilibrar cuentas - opino que es simplista creer que bastará con esos dos ejes para sostener un política de crecimiento a largo plazo que sea sostenible en el tiempo.
El mayor déficit fiscal a corto plazo deberá ser el resultado de políticas de gasto e inversión muy estudiadas, que aumenten la productividad media del sistema (ej. fomento de exportación, crédito a pymes, I+D+i, infraestructuras productivas, ahorro energético en viviendas y transporte, recualificación de parados) y en políticas activas de empleo orientadas al reciclaje y la reinserción, y no sólo en aumentos de gasto social y de medidas como el aumento del SMI que permitan aumentar el gasto en consumo.
Si no conseguimos que nuestra economía sea más competitiva (vía incorporación de I+D+i a productos y procesos) a escala global, no será posible asegurar un crecimiento sostenido en el tiempo ni tampoco aumentar el nivel de vida (vía salario directo e indirecto) de nuestra población.
. Lo anterior no implica que no debamos luchar por un relajamiento (por parte de la UE) de las condiciones de convergencia fiscal (hay que hacerlo) pero sí implica que NO debemos basar la recuperación en el aumento del gasto público en servicios sociales y subidas del SMI sino que estos dos objetivos deseables deben ser la consecuencia y no la causa del crecimiento. O sea que el grueso del aumento del gasto público incremental autorizado por la UE debería ir a mejorar la capacidad productiva de empresas y trabajadores vía: fomento I+D+i, políticas activas de empleo, fomento exportación, crédito pymes a través de garantías públicas y atracción de inversión extranjera directa, siendo la recaudación fiscal generada por dicho crecimiento, la que permitiera financiar la mejora de los servicios sociales (¡ojo con el orden de los factores!)
Confío en que vuestra demostrada voluntad de recibir ideas y aportaciones de gente con experiencia se siga traduciendo en un refinamiento creciente de vuestras propuestas hasta hacerlas completamente creíbles y viables pero debo decir que hoy por hoy no creo que lo sean todavía.
¡Salud!
Santi Herrero
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